Segundo Encuentro Nacional de Médicos de Salud Pública

Afinando el diagnóstico

por Ana Marta Martínez

«Incorporamos -explicó la Lic. Veronelli- una serie de variables tales como ingresos, resultados de la institución, cumplimientos de sus tareas o aplicación de conocimientos que intentaban medir la satisfacción de los médicos. De este cuadro surge que el aspecto más valorado es la aplicación de los conocimientos; en esto toda la encuesta es bastante clara, el médico está contento con lo que eligió, hace lo que le gusta y esto va más allá de las condiciones objetivas que obviamente no lo conforman. También está relativamente satisfecho con su tarea, no tanto con su dedicación horaria, no tanto con los resultados de la institución y mucho menos con sus ingresos».

Política de incentivos:

El economista Luis Lazarov, asesor del SMU, realizó una descripción financiera de los diez programas incentivados que existen en el MSP donde se establece la cantidad y ubicación de todos los médicos que recibían algún tipo de incentivo. Estos son 2.347, que sobre un total de 3.764 representarían 62% de la nómina; este número bajaría al 52% si se suman los 732 suplentes fijos.

El escribano Julio Lorente, asesor de Femi y el SMU, explicó que la política de incentivos del MSP es un «tema complejo desde el punto de vista jurídico, presupuestal, de la administración y de los actores.

Las situaciones son absolutamente distintas entre unos y otros incentivados».

Lorente advirtió que existen distintas formas de relacionamiento contractual que se superponen. Complica aun más el panorama el hecho de que no es el MSP el titular de estas relaciones contractuales sino las Comisiones de Apoyo. Estas contratan en nombre del MSP pero por servicios que serán prestados en el MSP y si bien existe una relación de dependencia MSP-médicos, no se ha realizado los aportes correspondientes a la seguridad social.

De todo esto, sostuvo, resultan varios problemas: aportes a la seguridad social, beneficios inexistentes para el trabajador, aumentos salariales encubiertos y acumulación de cargos públicos (porque si un médico es dependiente de ASSE y además tiene un contrato de esta naturaleza existiría una acumulación de cargos expresamente prohibida).

La «situación más delicada» sería la de aquellos que siendo funcionarios públicos tienen un contrato con la Comisión de Apoyo sin que implique un aumento de su carga horaria.

Finalmente comentó que «si bien está abierta la posibilidad de que existan programas especiales con estas características, el ánimo, en conversaciones informales en el MSP, es que no van a existir más.

O sea que el tema de los incentivos ha quedado acotado a la situación actual y será necesario buscar una regularización en la Ley Presupuestal cuando se inicie la próxima administración».

«En el MSP nadie puede sentirse incentivado»

El Dr. José Pedro Ibargoyen (Femi), calificó la situación de algunos médicos de Salud Pública como los más sumergidos de la Administración Pública. Respecto a los médicos de familia, sostuvo que estaban distribuidos más equitativamente pero que tenían el defecto de «la designación a dedo y ni que hablar de lo que se incluye como 'nivel'». El Dr. Ibargoyen enfatizó: «en el MSP nadie puede sentirse incentivado. La distribución de dichos cargos es absolutamente injusta e irregular. Se encuentran distribuidos mayormente en Montevideo y en las áreas de alta tecnología y por último el ingreso a los cargos desconoce la carta orgánica del MSP que dice que el ingreso se debe realizar por concurso. El sistema de los retenatos es absolutamente injusto, arbitrario y discriminatorio y rechazamos que sea incluido como incentivo. La propuesta de Femi consiste en la distribución del monto total de incentivos entre el total de médicos, lo que equipararía los salarios a un nivel cercano a nuestras aspiraciones y cumpliría con nuestro principal reclamo de a igual trabajo igual remuneración».

El Dr. Isidoro Do Carmo (SMU) sostuvo que el incentivo es un mal menor a revertir. Como principales inconvenientes señaló los mismos que el Dr. José Artigas (ver reportaje). «El SMU -afirmó- acepta el incentivo pero tiene sus observaciones: antijuridicidad del sistema; rompe con la tradición de a igual función igual remuneración; crea inseguridad a todos los médicos que trabajan en esa situación; no es solidario; no es ético ni justo y crea resentimientos entre los colegas, que distorsiona el objetivo de brindar la mejor atención. Teniendo en cuenta las paupérrimas remuneraciones de nuestros colegas -resumió- aceptamos el incentivo como un mal menor pero convencidos de que a través de la lucha lograremos revertir esta situación».

«Situaciones de hecho»

La Dra. Norma Locatelli, directora de Recursos Humanos del MSP, participó en la segunda mesa redonda que trató sobre Propuestas para la regularización de los cargos y funciones en Salud Pública. Distinguió tres problemáticas como las más importantes: existencia de diversidad de vínculos jurídicos y de hecho, funcionarios que ocupan cargos distintos a la función que cumplen y funcionarios interinos. En cuanto a la primera, luego de repasar una a una todas las categorías, presupuestados (titulares, interinos), contratados (permanentes, eventuales, art. 410), suplentes (fijos, rotativos), explicó que en el MSP siempre hay mucho apuro por reponer personal, ya que se trata de médicos muy necesarios para la atención. Para sortear los plazos (que llegan hasta seis meses) de la administración pública comenzó a crearse este abanico de categorías.

«Dijimos: entran como interinos y después hacemos concursos y los regularizamos». Los concursos nunca se hicieron y las necesidades persistieron y entonces quedaron definitivamente. Esta mecánica se repitió una y otra vez. «Son situaciones de hecho que dada la especificidad de los servicios de salud crean este escalonamiento de situaciones». Otra fuente de desorden son las restricciones para el ingreso de personal que se establecen periódicamente. Otra causa, de origen diferente, es la necesidad de adaptar las retribuciones a las del mercado cuando el factor humano es escaso (por ejemplo: anestesistas).

En cuanto a la situación de los funcionarios interinos, que comprende a 2.778 médicos, la gerenta de RR.HH. dijo que se debía a la dificultad práctica de realizar los concursos.

Como soluciones, la Dra. Locatelli propuso varias estrategias: por un lado suprimir categorías (propuso reducirlas a cuatro: suplentes, art. 410, presupuestados, con concurso), aggiornar la normativa a la realidad, creación de vacantes y titularizar interinos haciendo llamados a concursos. Al final de su intervención, luego de reconocer que las decisiones «son políticas», la Dra. Locatelli leyó una propuesta que elevó al Poder Ejecutivo en la última rendición de cuentas. En esta se proponía la titularización por ley de los funcionarios interinos previo un llamado a concurso cerrado por unidad ejecutora. «Este artículo no salió porque tenía costo, ya que preveía la remuneración para los integrantes de los tribunales de los concursos».

«La negociación colectiva»

Por su parte, la abogada Martha Abella, si bien coincidió con parte del diagnóstico de Locatelli, señaló varias dificultades. Explicó que es el presupuesto nacional el que fija las dotaciones en materia de cargos y escalafones en relación a los programas asignados a cada inciso y el MSP es un inciso del Presupuesto Nacional. Ya que el presupuesto será confeccionado por el Poder Ejecutivo, estará condicionado por la política en materia de salud del próximo gobierno y esta a su vez resultará de una serie de transacciones. La Dra. Abella coincidió con el diagnóstico en cuanto al desvío existente entre las realidades y las contrataciones, pero advirtió que con estas contrataciones contra legem se crean situaciones de hecho y estos funcionarios no podrán alegar derechos adquiridos para lograr mantener esas situaciones o regularizarlas.

En cuanto a cómo poner orden en el asunto Abella recordó que «hay un mecanismo que, si bien no dará soluciones definitivas, sí dará respuestas parciales a esa situación de incerteza jurídica en la que están sumidos todos los funcionarios del MSP; el instrumento es la negociación colectiva».

Para la asesora legal del sindicato, la negociación colectiva debería tener dos objetivos: primero lograr que la ley no se aplique y segundo lograr que las leyes se apliquen. Abella discrepó con Locatelli en cuanto a lo positivo del mecanismo de contratación del artículo 410 y calificó al mismo de «perverso», porque implica designaciones directas y empaña otros dos mecanismos (interinato y suplencias). «Es un comodín que fagocita vacantes», definió. A través de la negociación colectiva se podría establecer que no se contrate por esta vía o que se haga mediante una selección equitativa de los postulantes».