Salud a ambos lados de la reja

El hospital Dr. Gustavo Saint Bois es la referencia sanitaria para los habitantes de la zona norte de Montevideo. Sus grandes extensiones arboladas, su ubicación en el centro de una Villa Colón casi rural, unido a sus 40 camas para el tratamiento de pacientes tuberculosos, recuerdan que este era el lugar destinado a "los bacilares". Hoy, a falta de un hospital para reclusos, parte de su majestuosa infraestructura devino en sala penitenciaria.

por Isabel Fernández

 
Dr. Fernando Vázquez: "mientras no haya una solución definitiva queremos brindar el mejor de los servicios"

Pero un dato más se anexaba a esa realidad: la zona norte del país era -y es- la segunda en crecimiento poblacional, con creaciones de asentamientos, lo que condicionaba la necesidad de una institución que diera soporte y fuera el fortalecimiento de la atención primaria en un área de unos 120 mil habitantes, de los cuales unos 40 mil son usuarios potenciales del MSP.

Fue por entonces que su director, el doctor Fernando Vázquez, junto a su adjunto, el doctor Carlos Borelli y la administradora, señora María del Carmen Martínez, formaron un equipo cuya finalidad era reconvertir al Saint Bois en un hospital de agudos de baja complejidad, tanto para adultos como para niños, con una parte médica quirúrgica ambulatoria que no requiera servicios de CTI ni cuidados intermedios; proyectando, para una segunda etapa, el área materna infantil. Dentro de esa concepción figura el brindar a las policlínicas municipales y a los centros barriales los servicios de radiología, farmacia y laboratorio.

Pero en los últimos tiempos, no sólo en esas áreas se modificó su finalidad. A comienzos de 1998 abrió la sala penitenciaria. Al día de hoy han pasado por allí, 210 pacientes con unas 400 internaciones en total.

Una solución transitoria

Miguel Martínez falleció en 1997. La bala que le mató, lo encontró trabajando en el hospital Maciel. Velaba por la salud de un preso y quienes lo fueron a rescatar, terminaron con su vida. Una muerte injusta -si las hay- para un enfermero de profesión.

De este triste episodio fue mucho lo que se habló. Pero sobre todo quedó al descubierto para el conjunto de la población la necesidad de un hospital penitenciario.

Los ministerios de Salud Pública e Interior debían cubrir esta carencia. El primero, porque tiene constitucionalmente asignado el estado sanitario de los reclusos; el segundo, por ser el responsable de hacer cumplir el tiempo de reclusión establecido por la Justicia. Y ambas carteras esgrimen los mismos argumentos: la falta de infraestructura, por un lado, y la de dinero para crearla, por otro. La presión de los funcionarios del MSP, indignados por el destino de Martínez, obligó a encontrar una solución para este problema.

El doctor Fernando Vázquez relató a Noticias que "entonces la solución transitoria fue una sala penitenciaria en el Saint Bois. Se trabajó en común acuerdo con el Ministerio del Interior, encargado de la custodia externa a través de la seccional 21 y de la interna por medio de la Dirección Nacional de Cárceles (DNC), que también definió las características de seguridad".

El lugar asignado a esta sala especial está en la parte más apartada del hospital. Cuenta con dos médicos y cinco enfermeros que realizan la cobertura total sanitaria las 24 horas. Según expresó el doctor Vázquez, el personal es, tanto técnica como jerárquicamente, dependiente del hospital Saint Bois, y de acuerdo con las palabras del director general de la DNC, inspector principal (r), Carlos de Ávila, son funcionarios del Ministerio del Interior. (Ver recuadro)

Desde el punto de vista locativo, la sala no tiene ningún tipo de conexión interna con el centro hospitalario; su única entrada, que es pequeña, se ubica en el lado opuesto al casco central. Tiene guardia permanente, la que es apoyada por la seguridad que funciona en una caseta externa. La única comunicación con el resto del hospital es un pequeño espacio por donde sólo entra la bandeja con la comida, lo que evita que tisanería tenga que salir y, entre otros inconvenientes, llegar con el menú frío.

El doctor Borelli cree que "en este país hay una historia presala penitenciaria, donde los presos eran tratados de determinada forma y otra a partir de la inauguración de esta sala, donde se les brinda absolutamente todas las garantías, siendo el paciente recluso encarado por el equipo de salud como una unidad bio-psico-social, ya que efectuamos todas las relaciones necesarias con sus abogados, familiares, jueces, etcétera. Este es un hecho inédito en el país".

Razón, temor y viceversa

Con relación a las quejas de los funcionarios (ver recuadro), el doctor Vázquez estuvo de acuerdo en que "hay situaciones que distorsionan la atención al usuario, al punto que estamos trabajando en una reestructura de la sala de urgencia para que el recluso pueda estar en un sector donde otros no corran riesgos ante un evento no deseable y, a la vez, la atención al resto de los pacientes no se vea trastocada".

El facultativo también demostró afinidad con la opinión de sus subalternos en cuanto a la incomodidad que puede generar en el usuario ver a una persona esposada y escoltada para realizarse determinado estudio, pero "hay que tener en cuenta que no todos los reclusos son de alta peligrosidad, y por otra parte estamos poniendo toda nuestra voluntad para corregir errores. Otra de las molestias que tienen los funcionarios es la relacionada al traslado, para lo que estamos instrumentando la forma de que se realice con el enfermero de la sala penitenciaria".

La administradora María del Carmen Martínez tiene más de 20 años de trabajo dentro del nosocomio, por lo que está en condiciones de aportar su experiencia a la hora de buscar un consejo: "A pesar de no ser médica, me animo a decir que el efecto que causó la sala penitenciaria sobre los funcionarios es más que nada psicológico. Históricamente este hospital es de referencia nacional como 'el de los bacilares', por lo que los reclusos con tuberculosis se trataban en la sala general con la custodia, compartiendo el ámbito de internación del resto. A partir de la tragedia vivida en el Maciel, los funcionarios y los usuarios están intranquilos, y eso es comprensivamente lógico".

El doctor Vázquez, por su parte, fue categórico al puntualizar que "la Federación de Funcionarios nos hizo una serie de planteos que la Dirección contempló en su totalidad pero repetimos que, si bien esta sala es transitoria, mientras no haya una solución definitiva queremos brindar el mejor de los servicios".

El doctor Borelli opinó, "a título personal", que sería necesario que dentro de la cátedra de Medicina Legal de la Facultad "existiera una enseñanza de campo sobre cómo tratar a los enfermos reclusos, ya que son personas con rasgos particulares y no sabemos absolutamente nada, vamos aprendiendo sobre la marcha y utilizamos el sentido común".

Sin duda el paciente carcelario es particular: se autoinfringe lesiones, se abre las suturas, se inyecta materias fecales o ingiere cualquier elemento que le permita salir de la celda del centro carcelario, aunque más no sea por unos pocos días. A veces van por la vida arrastrando psicopatologías muy severas. Entonces quizá no sea sólo una cuestión de comodidad la necesidad de un hospital penitenciario. Ni siquiera por seguridad para el resto de la sociedad, los de este lado del muro. Ese hospital no nacido se hace perentorio, ante todo, para sus potenciales usuarios, individuos con todos los derechos inherentes a la condición humana.

Con los funcionarios del hospital Saint Bois

Cuando se decidió instalar la sala penitenciaria en el hospital Saint Bois, los trabajadores del nosocomio hicieron públicos determinados reparos. Noticias dialogó con los funcionarios Leticia Frattini, miembro de la Comisión Interna del hospital Saint Bois y Enrique Grandiroli, quien expresó que, si bien son conscientes de que la atención sanitaria a los presos debe ser brindada por Salud Pública, ellos no están dispuestos a entrar a la zona de carcelaje. También solicitaron que cuando un recluso tuviera que realizarse algún estudio, como rayos x o de laboratorio, "lo hiciera a las horas en que no hay mucha afluencia de público. Eso no se está cumpliendo y es un peligro que corremos nosotros y los usuarios".

Frattini considera que la parte más problemática de la atención es en el momento del ingreso, "sobre todo cuando son presos connotados, porque como ingresan por emergencia, ésta debe ser desalojada, fomentando un entorno caótico". Algunas veces son avisados del traslado para que puedan organizarse pero, "lejos de ser una solución, es peor. El viernes 31 de marzo nos llamaron a las diez de la mañana informándonos que ingresaría el apodado 'Cotorra loca', lo que llevó a desalojar la emergencia de los casos que podían esperar. El paciente llegó a media tarde". A esto hay que sumarle la seguridad externa, que "es de la 'pesada', si de armamento hablamos".

Grandiroli considera que también hay otros hechos que pueden comprometer a los funcionarios, como cuando el paciente viene del centro carcelario con un pase directo: "Nosotros habíamos dejado claro que para esos casos queríamos que vinieran con la orden del juez, forma de asegurarnos de que el magistrado estaría al tanto que el recluso estaba en el Saint Bois, pero muchas veces el documento viene un día después". También les preocupa que no se les pueda atender correctamente, "el secreto profesional no existe; el guardia siempre se interpone entre el médico y el paciente".

El traslado es otro de los temas controvertidos. Antes lo realizaba la ambulancia con la enfermera y el chofer del Saint Bois, y al paciente se sumaban el policía y la custodia. Fue necesario "hacerle ver a la Dirección que no estamos preparados para este tipo de traslados. No es por el paciente sino porque vas rodeada de gente armada. ¿Qué hace un compañero nuestro frente a un caso similar al del Maciel en pleno traslado? No sabría cómo actuar".

La única solución que creen viable es la de un hospital penitenciario: "Hace pocos días escuchamos al diputado Guillermo Chiffet quien, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, decía que el recluso 'es una persona con todos los derechos como cualquiera'; estamos de acuerdo. Pero el que brinda la salud también tiene los suyos".

Para Grandiroli uno de esos derechos es el de poder decir -y sentir- que no se está preparado para trabajar en determinadas condiciones: "Hace años que venimos con este problema, ya costó una vida y no lo resuelven. Cuando uno se va acostumbrando a las situaciones de hecho, cada día protesta menos porque, desgraciadamente, estamos en una concepción política en la que el 'no se puede' trae aparejado el bajar derechos todos los días. Esperemos que pronto se encuentre una solución que normalice este asunto".

Con el diputado Guillermo Chifflet

Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, el diputado Guillermo Chifflet está al tanto de la situación sanitaria de los reclusos, la que no puede deslindar del contexto general que viven.

¿Qué opinión le merece la situación sanitaria de los reclusos en el país?

Con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes hemos visitado diversos establecimientos y puedo decir que el problema de salud en esos lugares es grave y mal resuelto. Vimos enfermos de sida durmiendo sobre colchones tirados en el suelo, sin recibir medicación durante dos años, hipertensos a los que no se les controla la presión, celdas con capacidad para 12 reclusos, compartidas por 18.

Funcionarios del hospital Saint Bois reconocieron su buena disposición para con los derechos de los presos, pero ellos reclaman como uno de los suyos el trabajar con garantías de seguridad.

Nos preocupamos por la situación de todos, y es bueno que los que atienden la salud digan los riesgos que sienten que corren. Los integrantes de la comisión somos el pararrayos de iras sociales que provienen de la inseguridad. Y cuando defendemos los derechos de los presos, el de la salud, el de hacer lo que establece la Constitución y la ley, defendemos la seguridad pública, porque sabemos cuál es el porcentaje de reincidentes cuando el trato al preso no abre caminos de rehabilitación, cuando no se les atiende en su salud y se les ignora en los derechos elementales. Por contrapartida, si les damos lo que les corresponde como ciudadanos, defendemos la seguridad de la gente. Cuando se cumple con la función elemental por parte de los prestadores de servicios de salud, se le está dando a una persona un trato humano, y eso el recluso lo reconoce.

El miércoles 26 de marzo, en la Comisión de Salud, el diputado Ramón Legnani planteó al ministro del MSP, contador Fernández Ameglio, inquietudes que le habían elevado integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Le preguntó si ese ministerio tenía un relevamiento de los enfermos porque, decía el diputado Chifflet a Noticias, "ni siquiera se sabe quiénes son para poderlos atender". El ministro informó que recientemente se firmó un acuerdo entre esa cartera y la del Interior con la finalidad de realizar exámenes sanitarios a los presos y entregarles medicamentos.

Con la Dirección Nacional de Cárceles

El inspector principal (r) Carlos de Ávila está al frente de la Dirección Nacional de Cárceles. En una breve entrevista mantenida con Noticias, expresó su opinión sobre la sala penitenciaria ubicada en el Saint Bois que, si bien considera que es un lugar vetusto y sin ningún tipo de equipamiento médico, es muy seguro debido a su única puerta y al equipo de vigilancia interior y exterior.

Expresó la necesaria construcción de un hospital penitenciario, del que ya se cuenta con un director, "que es el doctor Luis Llosa, pero carecemos de planta física". Expuso que la ejecución del hospital se está postergando porque "el problema carcelario es general. El Comcar tiene una capacidad máxima de 900 reclusos y tenemos 1.860, por lo que estamos en la etapa de construir otra cárcel y probablemente ahí podamos hacer el hospital que pueda prestar todos los servicios médicos".

Aclaró que el personal que trabaja en la sala penitenciaria es dependiente del Ministerio del Interior, "aunque es poco lo que se puede hacer ya que es sólo una sala lo que tenemos allí".

Culminó diciendo que es necesario que se sepa que la sala del Saint Bois no es definitiva, "El problema es que en este país lo transitorio dura cien años".

Con el Dr. Ariel Montalbán

El hospital psiquiátrico Vilardebó está institucionalizado por el común de la gente como una suerte de colonia de vacaciones para los presos. Su director, doctor Ariel Montalbán, en entrevista mantenida con Noticias, informó que de los aproximadamente 300 pacientes internados en el nosocomio, más de 100 son judiciales, de los cuales "65% está en sala de seguridad y el 35% restante en salas abiertas".

¿Con qué infraestructura se cuenta para la atención de los pacientes penitenciarios?

En la sala de seguridad se creó un área de tratamiento especializado -mediante un proyecto que se venía desarrollando antes de asumir la Dirección- con mejores posibilidades de hotelería, dentro de un entorno más cálido donde logramos separar 14 pacientes (de los 48 que tiene la sala) con patología psiquiátrica mayor pero pasible de recuperación o de rehabilitación.

¿Qué medidas se toman para saber el destino del paciente?

Es resultado de una etapa de evaluación y diagnóstico. A medida que va mejorando, pasa a la sala abierta.

¿Cuántos profesionales atienden la sala de seguridad y de qué ministerio son dependientes?

La sala de seguridad está atendida por tres psiquiatras, siendo la totalidad del personal (al que se le agregan psicólogos, asistentes sociales, medicina general y enfermería universitaria y auxiliar) funcionarios del MSP. La seguridad corresponde a una empresa privada. Además, el Vilardebó cuenta con un departamento jurídico en el que se desempeñan un abogado, una procuradora y un médico psiquiatra con amplia experiencia en el tema, tratando de que la estadía de estos pacientes se ajuste a criterios médicos.

De acuerdo con los números que usted brindó, un tercio de la población del Vilardebó corresponde a pacientes judiciales, ¿considera esto un inconveniente para el resto?

La población de pacientes judiciales es enorme y va en aumento. Ahora habría que discutir el lugar para tratar estos pacientes, si es en el ámbito de un psiquiátrico, en las cárceles o en un penitenciario. En el fondo está a quién le corresponde hacerse cargo. Nosotros creemos que el hospital psiquiátrico no es el sitio adecuado porque está organizado para brindar asistencia psiquiátrica compleja y especializada a pacientes con patologías agudas o crónicas descompensadas y que pueden retornar rápidamente a su entorno.

¿Usted tiene alguna propuesta?

Hay pacientes que deben tratarse en el ámbito de las cárceles. Son los que tienen un trastorno de personalidad, que hacen "caídas" con descompensaciones muy breves, pero hay otros con otro tipo de patología, que deben tratarse en un ambiente asistencial y no en uno carcelario. La solución pasa por crear un hospital para pacientes judiciales.