Un nuevo presupuesto para la salud

El presupuesto es una cuestión que se discute cada cinco años. Por ello, cien días antes de que venza el plazo para que el Poder Ejecutivo presente su proyecto ante el Parlamento, el Sindicato Médico del Uruguay comenzó a jugar sus cartas ante el Ministerio de Salud Pública. El gremio respalda a los profesionales técnicos de la salud estatal, que reclaman mejoras salariales relegadas por la distorsión de su carrera funcional. El gobierno reconoce que se deben introducir cambios.

por Walter Pernas

El salario de los trabajadores del MSP es uno de los factores que más contribuye al multiempleo.

"Lo más urgente es la previsión de partidas presupuestales a fin de que un médico deje de ganar 50% menos que un colega que cumple la misma función y a veces en la misma sala de internación", sostuvo García.

Advirtió que la instancia presupuestal, que comenzó a movilizarse en el Ministerio de Salud Pública con la formación de una comisión técnica que se ocupa del caso, tiene "una importancia capital".

Por ello, el SMU "tiene que insistir en la formulación de cambios en la política de recursos humanos del Ministerio de Salud Pública, a fin de que los defectos del sistema actual dejen de complicar la atención a la población", aseveró el dirigente. La comisión del MSP tendrá en cuenta la opinión del gremio médico antes de enviar sus aspiraciones presupuestales al Poder Ejecutivo, según una propuesta del SMU aceptada por el ministro de Salud Pública, Horacio Fernández Ameglio. Por otra parte, el subsecretario de Salud Pública, Luis Fraschini, dijo a Noticias que no se debe aumentar el presupuesto de la salud, sino "mejorar su distribución".

En tanto, García recordó un documento confeccionado por el SMU que sintetiza un diagnóstico y las propuestas relativas a Salud Pública, emanadas de encuentros de médicos de ese sector realizados en 1997 y 1998. El dirigente dijo que el contenido del documento permanece vigente porque la situación descrita en aquellos años, no varió.

"Durante plazos prolongados -más de 20 años- no hubo concursos en forma regular, lo que generó una nueva situación de relación laboral con el MSP: casi la totalidad de los cargos técnicos corresponden a interinatos y contratos", señaló el escrito. Indicó, también, que una gran cantidad de médicos que brindaron "mucho tiempo de su vida laboral y esfuerzo, trabajando en malas condiciones, muy mal remunerados", y que optaron por cumplir funciones en Salud Pública, "frente a otras posibilidades laborales, no han visto, hasta el momento, colmadas sus expectativas de acceder a los mecanismos de titularización", ni a los de ascensos de escalafón. El documento reclamó una regularización "bajo criterios que de común acuerdo fijen las autoridades ministeriales y los médicos, representados por el SMU y por FEMI, sobre la base del respeto a la carrera funcional y la trayectoria de los médicos en los cargos que ocupan". Y señaló que "esa solución debe instrumentarse previamente al llamado a concurso para proveer nuevos cargos". García estimó que estas situaciones afectan el salario de los profesionales técnicos "porque un médico que cumplió correctamente con su labor durante 15 o 20 años, permanece en el mismo grado de otro que recién ingresó a la administración pública".

"¿Quiénes somos?"

Según el dirigente, el salario nominal y sin compensaciones de un médico de Salud Pública "no supera los 4.000 pesos". Por otra parte, dijo que en el caso de los profesionales técnicos que ocupan cargos de responsabilidad, las compensaciones pueden llegar a duplicar su sueldo. No obstante, explicó que "cerca de 2.000 médicos (de los casi 4.000 que trabajan en el sector, según estimaciones del SMU) no han recibido ningún tipo de compensación, a pesar de que realizan las mismas tareas de otros que gozan de incentivos". El MSP sostiene que 60% de sus médicos cobra compensaciones.

El documento sindical al que hizo referencia García, señaló también que "el salario del médico de Salud Pública es muy insuficiente, tanto que no colma sus necesidades básicas ni las de su familia. Lo discrimina como técnico frente a otros colegas que realizan la misma función en otros sectores.

A través de dicha discriminación se contribuye a perpetuar una asistencia de menor categoría para los usuarios del MSP", aseveró el escrito. La declaración apuntó que "el salario de los trabajadores del MSP es uno de los factores que más contribuye al multiempleo", situación que impide "al médico acceder a la formación y al perfeccionamiento técnico y humano". García dijo que un médico de Salud Pública gana, en promedio, un sueldo equivalente al 50% del salario de un médico del área privada. El dirigente relató que el SMU tuvo la idea de realizar un relevamiento gremial a fin de saber "cuántos y quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, cuánto ganamos", los médicos en Salud Pública. Según García, esos datos permitirían saber, por ejemplo, "a cuántos médicos hay que aumentarles el salario para terminar con las desigualdades".

Ministerio escuchará al SMU

El Ministerio de Salud Pública accedió a una petición del Sindicato Médico del Uruguay que permite a la gremial "integrar" la comisión de esa cartera que confeccionará el proyecto de presupuesto quinquenal, dijo a Noticias el presidente del SMU, Juan Carlos Macedo. El dirigente explicó que el Sindicato podrá, a través de sus representantes en la comisión, manifestar su opinión en la etapa de evaluación de la iniciativa que el MSP presentará al Poder Ejecutivo.

"El ministro (Horacio Fernández Ameglio) nos manifestó que el Sindicato puede concurrir a esa comisión, luego que se produzca algún documento (preliminar) y así poder plantear nuestras propuestas de solución", indicó Macedo. La solicitud fue aceptada por el jerarca ministerial en una reunión que mantuvo en el mes de abril, con el presidente del SMU.

"Todo el mundo tiene la impresión de que no hay una equivalencia entre lo que se produce y lo que se invierte en la salud" (más de 10% del Producto Bruto Interno), señaló Macedo. El dirigente recordó que el SMU, desde hace varios años, procura una "reorientación del gasto".

Asimismo, dijo que Fernández Ameglio "se comprometió, como ministro, a hacerse responsable político de promover y ser referente de los cambios en el sistema de salud". Macedo sostuvo que este "es un hecho interesante porque rompe con lo habitual". Añadió que, entre otras iniciativas, el ministro dijo estar dispuesto a "fortalecer el mutualismo".

"El de Salud es un ministerio grande. El que lo mira de afuera tiene la impresión de que es una federación de departamentos e instituciones. Es un gran empleador público", sostuvo Macedo. Sin embargo, en el MSP no existe un documento que determine, entre otros aspectos, cuántos empleados tiene esa cartera, qué cantidad de sueldos se pagan de una u otra manera, cuál es el número de médicos que trabajan en una u otra área.

Según Macedo, no poseer esa información afecta "la equidad en la asistencia, porque nada indica que debe haber una diferencia en la calidad asistencial de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) con la que brinda el sector mutual o privado". Fernández Ameglio reconoció "no saber con seguridad, cuántos funcionarios técnicos y no técnicos tiene" el MSP, dijo el presidente del SMU. Por ello, el jerarca ministerial pidió "tiempo a fin de definir ciertas iniciativas", para las cuales es necesario contar con los datos que aportará un relevamiento puesto en práctica por el MSP.

Desajuste de cuentas

El economista Luis Lazarov, asesor de la comisión de subsector público del Sindicato Médico del Uruguay, recordó que existe un "desajuste de 22 millones de dólares entre el presupuesto y la ejecución del gasto y un endeudamiento de 60 millones de dólares", del Ministerio de Salud Pública. Sostuvo que el SMU entregó, hace más de un mes, al subsecretario de Salud Pública, Luis Fraschini, "planillas con la información recogida durante varios años (por el Sindicato) acerca de la cantidad de médicos que trabajan en Salud Pública y de sus remuneraciones" a fin de que se estime "el impacto de la reivindicación" de esos profesionales. En tanto, el MSP instrumentó un relevamiento de recursos humanos en todas las unidades ejecutoras del país. (Ver nota aparte)

"El presidente de la República pone como ejemplo, a través de los medios de comunicación, la labor del Ministerio de Salud Pública en términos de racionalización presupuestal", comentó Lazarov. El técnico aclaró que "si bien esa racionalización debe rendir sus frutos a los efectos de las grandes políticas que pueda tener el gobierno", también de esa medida debería "surgir la posibilidad de mejorar los salarios, conjuntamente con el logro de mejores resultados y una mayor eficacia en cuanto a la atención de la población carente de recursos económicos". Lazarov dijo que el presupuesto de la salud se divide en 30% para el sector público y 70% para el sector privado. Tales diferencias "necesariamente tienen que repercutir" en los resultados de atención obtenidos por uno y otro servicio, señaló.

Por su parte, el escribano Julio Lorente, otro de los asesores de la comisión de subsector público del SMU, sostuvo que "la distorsión que se creó en todo el sector público en materia de salarios, es un tema típico para solucionar en una ley de presupuesto".

"Se debería rever toda la situación, establecer objetivos, controles y llegar a la aspiración del Sindicato Médico: que las retribuciones de la Salud Pública se equiparen a las del sector privado", señaló. Sostuvo también que es el momento de regularizar la carrera funcional de los profesionales técnicos de Salud Pública. Precisó que la Ley Orgánica de Salud Pública, que rige desde 1934, establece que el ministro de esa cartera "no puede firmar ningún nombramiento si el cargo no se ocupa mediante concurso de oposición y méritos" y que la norma prohíbe "todo ingreso que no se realice por esa vía". No obstante, dijo que el MSP mantiene contrataciones "ilegales". Según Lorente, entre otras situaciones, también se viola una ley que permitió al MSP nombrar funcionarios para ocupar un cargo sólo por un período de seis meses: "Hay personas que ingresaron de esa manera, pero hace varios años que están en Salud Pública", apuntó.

Fraschini:
"Hay que mejorar la distribución"

"Todo indica que una masa de dinero total, equivalente a 10,6% del PBI, sería aceptable como presupuesto para la salud. Pero, lo que sí hay que analizar en profundidad es la manera en que se distribuye ese presupuesto", señaló el jerarca. Añadió que el índice presupuestal que corresponde a la salud en Uruguay, "es alto en comparación con varios países de América del Sur".

Fraschini indicó que el Ministerio de Salud Pública nombró "una comisión de presupuesto encabezada por el contador Juan Moreira" -ex subsecretario de Economía- que deberá presentar en 15 días un informe preliminar. Sostuvo también que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) realiza un "relevamiento en todo el país" a fin de conocer datos acerca de los "objetivos de cada unidad ejecutora (de salud), la cantidad y el tipo de recursos humanos que dispone por servicio". Se releva información "sobre las áreas contable y de inversiones de planta física y equipamiento".

La finalidad es "confeccionar el presupuesto de ASSE de acuerdo a la misión de cada una de las unidades ejecutoras, de manera que se refleje la realidad y necesidad de cada uno de los hospitales departamentales", dijo Fraschini. Añadió que se buscan las bases para ejecutar "una mejor distribución de la tecnología y de los recursos humanos".

"En cuanto al funcionamiento administrativo, se trata de informar e intercambiar ideas con las unidades ejecutoras para saber cuáles son las posibilidades de optimizar recursos. Y en el área técnica, se analiza la producción de servicios de cada unidad", indicó el jerarca. Dijo también que se estudia la "regularización de los cargos y escalafones".

En los primeros días de junio, la comisión ministerial debe concluir un informe preliminar que se nutrirá de la información acopiada en los distintos servicios de salud. Luego se empleará casi un mes en el ajuste de ese trabajo a las leyes presupuestales, a fin de que se pueda aplicar el proyecto, sostuvo Fraschini. El 30 de agosto es la fecha límite para que el Poder Ejecutivo someta a consideración del Parlamento, la iniciativa presupuestal.