En los países donde el ejercicio de la profesión médica está regulado por una ley de colegiación, las normas éticas correspondientes están impuestas con vigor legal y su observancia es competencia de los tribunales respectivos; esa es la situación en toda América del Sur con excepción de Paraguay y Uruguay.

En nuestro país el cuerpo médico, cuando se organizó gremialmente en el SMU, se autoimpuso el acatamiento a la normativa ética y creó en su Estatuto originario al Consejo Arbitral como órgano idóneo para evaluar -con todas las garantías del juzgamiento por sus pares- las posibles fallas en la conducta de los médicos.

Finalmente, el 27 de abril de 1995 se aprobó mediante plebiscito el Código de Ética Médica, obligatorio para todos los socios del SMU, que atribuye al Consejo Arbitral su observancia y aplicaciones.

El acatamiento voluntario a los principios humanitarios que han impregnado al ejercicio de la profesión a lo largo de los milenios, si bien carente del rigor de la ley ordinaria, adquiere para el cuerpo médico todo un enorme prestigio social. En base a ello fue posible juzgar y castigar a los violadores de los derechos humanos y a sus cómplices, al liberarse el país del oprobio dictatorial.

Si para todos es obligatorio el acatamiento a la ética médica y por ende a su órgano gremial -el Consejo Arbitral- tanto más lo es para quienes son o han sido integrantes de organismos dirigentes o del propio Consejo Arbitral.

Las oportunidades y formas correctas para perfeccionar su estructura y acción están abiertas; actualmente está en proceso la organización de un taller sobre "Deficiencias de la formación curricular en Deontología Médica", por ejemplo.

Si en oportunidad de sentirse alguien directa o indirectamente afectado por un fallo del Consejo Arbitral, procede sin prudencia en las formas, a desacreditar públicamente a este organismo, estará afectando las bases de la ética médica, de la solidez gremial y del prestigio social de la profesión. En ese orden.

El Comité Ejecutivo
24 de febrero de 2000