La tortura y la impunidad infectan la persona y los vínculos sociales

Impunidad se escribe con silencio

La Comisión de Bioética del Sindicato Médico del Uruguay conmemoró el viernes 25 de junio el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. En un concurrido salón de actos, bajo el lema «Vencer la Impunidad», la palabra y la reflexión atravesaron el tiempo para no callarnos ni olvidar.

por Ana Marta Martínez

De izq. a der.: Dres. Stella Cerruti, Aldo Martín, Sara Méndez,
Francisco Ottonelli, Isabel Lizaso y Mario De Pena

Por su claridad y representatividad reproducimos íntegramente el discurso de la Dra. Sara Méndez, lo que nos exime de otros comentarios sobre su sustancia.

«La impunidad agravia la justicia»

A continuación el Dr. Francisco José Ottonelli, integrante de la Comisión de Ética Médica y de IELSUR, realizó una aproximación legal al tema de la impunidad.

Comenzó definiendo los delitos de lesa humanidad. «Se trata de conductas muy graves que agreden de tal forma la dignidad de la víctima directa que afectan también a la conciencia de la humanidad y dada la universalidad del bien jurídico que se protege son materia del derecho internacional, y no se admite la territorialidad del delito».

Ejemplificó: «la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones sumarias, el desplazamiento de poblaciones civiles y el genocidio. Las características de estos delitos es que son cometidos desde el poder y deben ser acciones masivas y sistemáticas, por esto el sujeto es toda la humanidad y debe mover la cooperación internacional la identificación de los responsables, quienes no pueden ser asilados. Otra característica es que son imprescriptibles, es decir que no caduce la responsabilidad por el paso del tiempo. La obediencia debida no ampara y si bien es cierto que se hacen desde el poder, la responsabilidad es individual».

Ottonelli continuó relacionando los delitos de lesa humanidad con el Derecho Internacional y los Derechos Humanos, explicando que la elaboración en estas disciplinas ocurrió sobre todo a partir de la segunda guerra mundial. El problema de la impunidad se plantea en general luego de terminado un régimen autoritario.

«La impunidad, señaló Ottonelli, no es sólo falta de castigo. Para que no haya impunidad se deben investigar los hechos, procesar con garantías a los responsables, y reparar los daños morales y materiales».

Las deudas pendientes del Poder Ejecutivo

Antes de pasar al caso uruguayo, Ottonelli puntualizó que el derecho internacional de los derechos humanos no alcanzó aún su plenitud porque carece de algo muy importante que tiene que tener el derecho que es la coercitividad. «No puede hacerse cumplir compulsivamente -admitió Ottonelli-, no existe una policía internacional que obligue a un Estado a cumplir las obligaciones que contraen en los tratados de derechos humanos, a lo sumo lo que hoy se hace son informes, observaciones o recomendaciones a los Estados».

Señaló a continuación los compromisos adquiridos por Uruguay desde 1946 en la carta de la Organización de Estados Americanos, y la carta de las Naciones Unidas, todo lo cual fue desarrollado en pactos y convenciones posteriores. Nuestro país se obligó a: investigar los hechos, castigar a los culpables e indemnizar a las víctimas.

Repasó posteriormente lo actuado para consagrar la impunidad. En 1986 se sanciona la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. «Al sancionarla, detalló, surgen dos incongruencias: por un lado sostiene que el Estado renunciaba a hacer justicia, para finalizar la transición hacia el orden constitucional, que se estaba violando con la sanción de esta propia ley, al renunciar a administrar justicia». Esta ley ameritó una observación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Emitió una declaración donde dijo que Uruguay con esta ley había violado e incumplido los compromisos antes mencionados y dictó dos recomendaciones: que otorgue a las víctimas compensaciones y que adopte las medidas para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos.

En cuanto al tema de los desaparecidos, Ottonelli refrescó lo que la propia ley establecía: «El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos. Tanto este artículo de la ley como las recomendaciones de la Comisión Interamericana son deudas pendientes. Todo esto nos lleva a concluir -finalizó Ottonelli- que la impunidad conspira contra el sistema democrático y la salud integral de nuestra sociedad».

«Lo patológico no es el terror a la tortura sino la propia tortura»

El psiquiatra Dr. Aldo Martín leyó una ponencia, centrada en las secuelas de las torturas desarrolladas en el marco del terrorismo de Estado sufrido en nuestro país.

Comenzó conceptualizando la tortura como una actividad perversa que pretende un poder sobre el otro, buscando transformarlo en no persona, en algo similar a lo mismo que lo está torturando. El agresor cree poseer un poder absoluto y restringir las posibilidades de ser persona.

Martín amplió el concepto de tortura no solo hacia las víctimas directas de ésta, sino hacia toda la franja de población a quienes se les cohartó la posibilidad de ser persona, en su relación con los otros. Describió luego de la tortura física los mecanismos utilizados para despersonalizar a los presos, a saber: las rutinas arbitrarias, las visitas esporádicas, la uniformización. Y en el sentido amplio agregó, entre muchos otros, a los exiliados, los familiares de detenidos desaparecidos a quienes se les niega la posibilidad de elaborar el duelo o los hijos del exilio.

Sostuvo que en estos últimos, en el trabajo psicoterapéutico aparece, que por lo vivido por su núcleo, están en un estado permanente de tensión, generador de culpa. «Cada encuentro con el otro -explicó Martín- es un recordatorio de nuestra propia libertad, ejercer esta libertad necesita la presencia de otro que la habilite. La libertad es siempre una situación relativa pero cuando se imponen una serie de limitaciones con un poder que se considera absoluto y destructivo, lleva a tener que defender ese ser único».

Señaló que uno de los mecanismos utilizados para defender esa libertad fue el silencio. También explicó que lo normal en las víctimas de tortura es padecer temor, miedo y terror, y que lo patológico no eran estas reacciones sino la propia situación de tortura, aun así estas reacciones normales suelen encubrir secuelas que aparecen, en muchos casos, varios años después.

«Tras 15 años recibimos consultas por secuelas de la tortura»

«Hemos visto -continuó Martín- que estas secuelas (de aparición tardía) utilizan el mecanismo (silencio) que resultó útil para defenderse de la agresión. En la clínica, las víctimas del terror de Estado presentan una miscelánea de situaciones afectivas de alta complejidad desencadenada por hechos que expresamente no tienen por qué relacionarse con el terror de Estado, pero que en el trabajo terapéutico aparecen enlazadas íntimamente con éste y como elemento central del cuadro que presentan».

Señaló que más allá de las problemáticas particulares se han constatado importantes dificultades o temores para compartir la vida afectiva, así como síntomas corporales donde se toma el cuerpo como prisionero o algún órgano al que se encarcela, para defenderse de las agresiones del medio.

«Han pasado 15 años desde que finalizó el terrorismo de Estado -recordó Martín- pero seguimos teniendo diversas consultas de pacientes que habían vivido libres de síntomas. La tortura siempre deja secuelas y una de ellas es que lo siniestro puede quedar silenciado durante largos períodos de latencia».

El psiquiatra sostuvo que «esta vivencia de lo siniestro, de la prohibición de ser persona, no sólo se vio en la obligación de silenciar el ser persona del directamente alcanzado, sino que fue la sociedad entera la que fue sometida a la categorización, la censura y su falta de lógica (estuvo prohibido desde el psicoanálisis hasta la matemática teórica), el miedo a los temas políticos y gremiales y a la arbitrariedad del poder».

El miedo es ante un hecho concreto y la angustia se desconoce hacia qué puede ser, la omnipotencia del poder tuvo como respuesta el silencio. Para Martín el silencio sigue estando, pues el terror de Estado sigue estando presente y opinó que muchos temas, como por ejemplo la publicación de Tróccoli de su libro, el cual calificó como «apología del delito», no fue punido igual que muchos otros hechos que son silenciados y «de alguna forma todos colaboramos en silenciarlos».

Agregó que «tortura e impunidad son hechos que no podemos negar, como tampoco la presencia de un terror silenciado. Esta situación nos obliga a enfrentarnos con el tema en tanto ciudadanos, pero más especialmente en tanto profesionales de la salud». Esto nos compromete en dos sentidos, por un lado a sancionar a colegas involucrados y por otro a interesarnos del fenómeno de la tortura, tanto en su prevención como en el tratamiento de sus secuelas en el sujeto, su núcleo y la sociedad en que ocurre.

Finalizó diciendo que en el doble papel de ciudadanos y técnicos «los médicos estamos obligados a combatir la tortura y la impunidad porque se trata de agentes patógenos que infectan tanto a las personas como a los vínculos sociales».