viernes 10 de enero de 2020
Compartimos la nota de prensa publicada ayer en el Semanario Búsqueda sobre el estado de situación del conflicto que mantienen los médicos de las emergencias móviles con las empresas del sector.
La nota:
Tras un mes y medio de conflicto, los médicos de las emergencias móviles continúan con las medidas gremiales y aumentarán la apuesta para presionar a las empresas. Así, tienen previsto no cubrir las guardias en los servicios de emergencia móvil durante el fin de semana del 7 y 8 de marzo. “Ese fin de semana no habrá cobertura asistencial en las emergencias de Montevideo, y es posible que se extienda al resto del país”, dijo a Búsqueda la encargada de la Unidad de Negociación del Sindicato de Médico del Uruguay (SMU), Soledad Iglesias. Las guardias de las empresas SUAT, SEMM y UCM se completan en un 70% y 80% con médicos suplentes que facturan por sus servicios y que no cubrirían sus puestos durante ese fin de semana, explicó Iglesias. “Las mayorías de las unidades no van a estar cubiertas”, enfatizó.
Las medidas de lucha que se han llevado adelante hasta ahora son el uso de un solapero con la leyenda “Médicos en conflicto”, el no uso del uniforme de trabajo, el no registro digital de las historias clínicas de los pacientes —sí lo hacen en papel—, y la suspensión de la consulta telefónica en algunas empresas.
En los últimos días de 2019 hubo una última reunión entre las partes en la que la Cámara de Emergencias Móviles rechazó la propuesta presentada por el SMU y la Federación Médica del Interior (FEMI). Los 3.000 médicos que trabajan en los servicios de emergencias móviles reclaman un laudo único y categorías para el sector. Y exigen mejorar sus condiciones de trabajo y sus vínculos laborales con el acceso a derechos sociales como aguinaldos, salario vacacional y licencias por maternidad y paternidad. Dicen que esto se enmarca en el objetivo de mejorar la calidad asistencial.
Luego de la respuesta de las cámaras, los gremios médicos decidieron solicitar la convocatoria al Consejo de Salarios del grupo 15. Y comenzar la negociación con los representantes de las empresas privadas de la salud de Montevideo y del interior de Uruguay. Los médicos en conflicto son la quinta parte del total de médicos del Uruguay y asisten a más de 2,5 millones de personas, con más de 120.000 consultas al mes, con diferente grado de complejidad.
Iglesias destacó que hay empresas como UCM que tienen a más del 60% de su plantilla médica con contratos precarios de ejercicio libre de la profesión.
“El rol del médico en el equipo de salud es muy relevante y en buena medida la calidad asistencial pasa por un equipo de salud bien estructurado, con seguridad en el trabajo, seguridad laboral y por condiciones de trabajo adecuadas, que redundarán en mejoras en la calidad asistencial”, enfatizó la dirigente del SMU.
Y recordó que el sector de las emergencias móviles integra el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) pero “no está regulado, y eso produce inestabilidad y precariedad laboral”. “Los médicos que tienen contratos precarios, tercerizados, no tienen derecho a licencia por enfermedad, licencia maternal y paternal, salario vacacional, aguinaldo, ni uso del seguro del Banco de Seguros del Estado”, señaló.
La próxima instancia de negociación será el 14 de enero en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).
Iglesias dijo que varias de las mutualistas de Montevideo y del interior son dueñas de emergencias móviles y conocen el tema “desde adentro”.
“Estas empresas mutuales tienen a sus médicos que trabajan en sus sanatorios y policlínicas pagándoles salarios laudos y con categorías definidas, lo que no ocurre en sus emergencias móviles, una paradoja, porque es el mismo empleador”. Según Iglesias hay tres empresas en Montevideo que están “trabajando para trancar la negociación”: SUAT, SEMM y UCM.
Uno de los profesionales de UCM, que brindó testimonio en reserva a pedido de la Unidad de Negociación del SMU, señaló que desde hace un par de años se viene disminuyendo las horas médicas de policlínica de atención inmediata. “Recientemente se efectivizó el cierre definitivo de la policlínica de Malvín aduciendo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no les dio la habilitación para mantenerla abierta. La maniobra de la empresa fue ingresar médicos en la última semana con la condición de que su continuidad en la empresa depende de si acatan o no las medidas que venimos cumpliendo como colectivo en el conflicto”, relató.
Otra profesional, en este caso del SUAT, señaló que “hay médicas en relación de ejercicio libre de la profesión desde hace 11 años y que han cursado dos embarazos sin gozar licencia maternal ni medio horario por lactancia. Ni que hablar del aguinaldo y demás derechos que todo trabajador debe percibir”.
Desde el SEMM denunciaron dificultades para cubrir fines de semana por falta de médicos dependientes y no tercerizados. Este asunto hace que queden estructuras sin cubrir, sobre todo de pediatría.