martes 17 de septiembre de 2019
El 13 de setiembre de 2019, el Sindicato Médico del Uruguay en conjunto con la Federación Médica del Interior entregaron al Poder Judicial, 81 expedientes con información vinculada la actuación de médicos durante el período de la dictadura cívico militar, desde 1973 a 1984.
Con esta entrega se delega la custodia de esta valiosa documentación, que estará disponible para las actuaciones judiciales en AJProJuMi (Archivo Judicial de Expedientes Provenientes de la Justicia Militar) en el marco de un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia.
Los expedientes referidos contienen información respecto a la actuación del Tribunal de Ética de la época, conformado especialmente por decisión de la 7° Convención Médica Nacional (1984) que analizó los casos de colegas denunciados por violaciones a los Derechos Humanos y participación en actos de tortura; también recoge el testimonio de colegas víctimas de torturas que realizaron en ese ámbito las denuncias; y de los médicos que pidieron voluntariamente ser juzgados por el Tribunal de Ética para deslindar responsabilidad.
La 7° Convención Médica Nacional fue presidida por el Dr. Carlos Gomez Haedo, con la secretaría de los Dres. Tabaré Caputti y Marcos Carámbula. Contó el importante apoyo del Colegio de Abogados, presidido en aquel entonces por el Dr. Rodolfo Canabal. Destacamos entre sus conclusiones: “Condena específicamente la participación de médicos uruguayos en actos de tortura y apremios físicos y dispone la integración de un Tribunal Ético que los juzgue con la seriedad, objetividad y ecuanimidad que la hora del país reclama”. Como consecuencia de las actuaciones del Tribunal, cuatro colegas resultaron expulsados de los gremios, y muchos fueron sancionados.
El proceso fue largo, complejo, doloroso. Actuaron en conjunto el SMU y la FEMI. Las violaciones a los Derechos Humanos en el colectivo médico fueron analizadas en detalle en posteriores asambleas multitudinarias y prolongadas hasta la madrugada. Aún hoy se recuerdan algunas, particularmente la del cine Censa. Todo en un contexto político adverso, con la impunidad y el poder corporativo defendiendo lo indefendible
Vaya nuestro mayor respeto y admiración para los protagonistas de aquellos hechos, que asumieron con valor desde lo individual y sobre todo desde lo colectivo enviar un mensaje muy fuerte de ética a la sociedad.
Esta documentación, con los testimonios y actuaciones de todos estos hechos, nunca estuvo oculta. Sólo en resguardo en un cofre en el BROU bajo nuestra responsabilidad, particularmente preservando la privacidad de los datos referidos a las víctimas. Cada vez que la Justicia ha solicitado a nuestras instituciones la vista de algún expediente para actuaciones por causas en curso, se ha procedido entregando la misma como corresponde.
Transcurrido este tiempo, y existiendo en el Poder Judicial un ámbito específico para el archivo y digitalización de la documentación como es AJProJuMi (donde hay archivados 3000 expedientes referidos a 10000 víctimas), SMU y FEMI entendimos que era tiempo de delegar la custodia de tan valiosa información.
Para el SMU es importante resaltar nuestro compromiso permanente con la defensa de los DDHH; nuestra voluntad histórica de contribuir a la memoria, verdad y justicia; y nuestra eterna condena a cualquier participación en actos vinculados a torturas.
Pero hoy, mal mensaje daríamos a las generaciones jóvenes si todo este ejercicio de memoria no tuviera el profundo sentido de su impacto en el presente y en el futuro. Las violaciones a los DDHH por parte de médicos no son patrimonio de aquel nefasto período histórico, ni de nuestro país.
Debemos tener presente que en el mundo hechos tan o mas lamentables que aquellos ocurren. Que hay violaciones sistemáticas a los DDHH en muchos lugares en el mundo, y que esto es preocupación constante de las organizaciones médicas. La Asociación Médica Mundial recibe, cuyo Consejo integra el SMU en representación de Uruguay, recibe constantemente denuncias de médicos que en algún lugar participan en hechos similares. Recordamos algunas declaraciones, que nuestro país suscribe: la Declaración de Tokio (1975, revisada en 2016) sobre Normas Directivas para Médicos con respecto a la Tortura y otros Tratos o Castigos crueles, inhumanos o degradantes, impuestos sobre personas detenidas o encarceladas; la Declaración de Helsinki (2003) sobre la Responsabilidad de los Médicos en la Documentación y la Denuncia de Casos de Tortura o Trato Cruel, Inhumano o Degradante.
