sábado 14 de septiembre de 2019
El 13 de setiembre de 2019, el Sindicato Médico del Uruguay en conjunto con la Federación Médica del Interior entregaron al Poder Judicial, 81 expedientes con información vinculada la actuación de médicos durante el período de la dictadura cívico militar 1973-1984.
Con esta entrega, se delega la custodia de esta valiosa documentación, que estará disponible para las actuaciones judiciales en AJProJuMi (Archivo Judicial de Expedientes Provenientes de la Justicia Militar), en el marco de un acuerdo de con la Suprema Corte de Justicia.
Los expedientes referidos contienen información respecto a la actuación del Tribunal de Ética de la época, conformado especialmente por decisión de la 7° Convención Médica Nacional (1984) que analizó los casos de colegas denunciados por violaciones a los Derechos Humanos y participación en actos de tortura; también recoge el testimonio de colegas víctimas de torturas que realizaron en ese ámbito las denuncias; y de los médicos que pidieron voluntariamente ser juzgados por el Tribunal de Ética para deslindar responsabilidad.
La 7° Convención Médica Nacional fue presidida por el Dr. Carlos Gómez Haedo, con la secretaría de los Dres. Tabaré Caputti y Marcos Carámbula. Contó el importante apoyo del Colegio de Abogados, presidido en aquel entonces por el Dr. Rodolfo Canabal. A destacar en sus conclusiones: “Condena específicamente la participación de médicos uruguayos en actos de tortura y apremios físicos y dispone la integración de un Tribunal Ético que los juzgue con la seriedad, objetividad y ecuanimidad que la hora del país reclama”. De las actuaciones del Tribunal, cuatro colegas resultaron expulsados de los gremios, y muchos fueron sancionados.
Esta documentación nunca estuvo oculta, sólo en resguardo en un cofre en el BROU bajo nuestra responsabilidad, particularmente preservando la privacidad de los datos referidos a las víctimas. Cada vez que la Justicia ha solicitado a nuestras instituciones la vista de algún expediente para actuaciones por causas en curso, se ha procedido entregando la misma como corresponde.
Transcurrido este tiempo, y existiendo en el Poder Judicial un ámbito específico para el archivo y digitalización de la documentación como es AJProJuMi (donde hay archivados 3000 expedientes referidos a 10000 víctimas), SMU y FEMI entendimos que era tiempo de delegar la custodia de tan valiosa información.
Para el SMU es importante resaltar nuestro compromiso permanente con la defensa de los DDHH; nuestra voluntad histórica de contribuir a la memoria, verdad y justicia; y nuestra eterna condena a cualquier participación en actos vinculados a torturas. Reconocemos especialmente el valor individual y colectivo de los protagonistas de la época, que llevaron adelante este proceso de auto denuncia y castigo ante la sociedad.
