jueves 28 de octubre de 2021
Actualmente, Nicaragua se encuentra en la fase de expansión acelerada y transmisión comunitaria de la COVID-19. Es urgente que las autoridades sanitarias impulsen todas las medidas necesarias para contener el avance de la pandemia.
El aumento exponencial de casos de la COVID19 ha provocado un colapso en el sistema de salud pública y privada de Nicaragua: a la falta de productos sanitarios básicos se suma el hecho de que decenas de médicos y profesionales sanitarios se han contagiado y un gran número ha fallecido.
La profesión médica nicaragüense, a través de más de 30 sociedades médicas y del observatorio ciudadano COVID19, ha denunciado esta situación desde hace tiempo, pero la Ley Especial de Ciberdelitos aprobada por el Gobierno de Nicaragua – en vigor desde el 30 de diciembre de 2020 – establece penas de 1 a 10 años de cárcel para todos aquellos que propaguen noticias que produzcan temor o zozobra en la población.
Que esta situación de persecución se repite por el abordaje de la pandemia COVID-19, ya que los médicos del sector público que demandaron medidas de protección, tales como mascarillas, guantes o vacunas, fueron despedidos bajo el señalamiento de que alteraban la tranquilidad pública; y los médicos del sector privado que atendían pacientes u orientaban a la población sobre las medidas de autoprotección frente a la pandemia, fueron llamados a parar las declaraciones so pena de retirarles la licencia para el ejercicio de la medicina o la aplicación de medidas penales, entre otros cargos por terrorismo.
La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM) ratifca la carta de su presidente Dr. Barbe, enviada el pasado día 31 de agosto al presidente de la República de Nicaragua, D. Daniel Ortega, donde se hace eco de la dramática situación que sufren los profesionales médicos nicaragüenses, y apoya las Declaraciones de CONFEMEL de fecha 25 de junio de 2018 y 23 de agosto de 2021.
La Asociación Médica Mundial (AMM) se opone y observa con extrema preocupación cualquier injerencia gubernamental que atente contra la libertad del ejercicio profesional y de expresión de cualquier médico. Asimismo, insta al gobierno de Nicaragua y a los miembros del parlamento:
A proteger a todos los profesionales de la salud.
Evitar o modifcar cualquier regulación legal que perjudique la autonomía profesional de los médicos.
La Asociación Médica Mundial (AMM) resalta el extraordinario papel de los médicos nicaragüenses, inherente a nuestra milenaria profesión, y apoya y promueve activamente el derecho de todos a recibir información y atención médica solamente en base a la necesidad clínica.
