domingo 12 de abril de 2020
Las condiciones biológicas y ambientales de las cárceles hacen que sean un lugar propicio para la propagación de SARS-Cov2. Un brote en el sistema penitenciario agravaría la crisis sanitaria nacional.
Por eso, se deben tomar medidas urgentes para evitar la llegada de COVID-19 a las cárceles o disminuir su impacto.
Enfatizamos la necesidad de tomar acciones con los nuevos ingresos que hay en las cárceles. Cada mes, hay un ingreso promedio de 500 personas privadas libertad que se suman a las ya existentes, que son aproximadamente 12 mil (también egresa un promedio de 500 personas al mes).
En este sentido, Nada crece a la sombra y el Sindicato Médico del Uruguay refuerzan el trabajo conjunto
para afrontar esta difícil situación.
En este sentido proponemos:
– Cuarentena de al menos 7 días para los ingresos de personas privadas de libertad. En Montevideo y la zona
metropolitana sugerimos que sea en la Unidad 1, donde funciona el Centro de Ingreso, Diagnóstico y
Derivación. En el interior del país sugerimos adecuar espacios específicos para este y en cada cárcel departamental.
– Una vez transcurridos los 7 días de cuarentena se debe hacer un hisopado para analizar la presencia de
COVID-19.
Según el resultado y la existencia de síntomas se procederá a su derivación:
* Sin síntomas y con hisopado negativo la persona será derivada al centro donde cumplirá reclusión en adelante.
* Con síntomas y test negativo la persona será atendida por equipo médico para analizar su situación.
* Con resultado de test positivo la persona será atendida por el equipo de salud que debe de unir tratamiento y derivación (dentro del sistema a una zona específica de aislamiento o a un centro de salud).
* Sin posibilidad de realizar hisopado, se procede a la cuarentena durante 14 días.
Resaltamos que se deben brindar tapabocas para las conducciones ante cualquier circunstancia y durante la atención a la salud. Se deben suministrar tanto a las personas privadas de libertad como al personal penitenciario.
A su vez, se deben suministrar tapabocas para la visita. Las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública con respecto a las mascarillas y su uso en la comunidad también aplican para los centros penitenciarios, máxime cuando no se pueda respetar la distancia de un metro y medio entre las personas.
Estas medidas reducen los riesgos de que el COVID-19 ingrese a las cárceles y así evitar que esto se sume a las múltiples vulneraciones a la salud que sufren las personas privadas de libertad.
Quienes realizamos esta propuesta sugerimos la creación de un comité de contingencia interinstitucional, que refuerce la importante coordinación que está habiendo entre el Instituto Nacional de Rehabilitación, SAI PPL de ASSE y Sanidad Policial.
Entendemos que ampliar este comité puede ser estratégico en este momento y nos ponemos a disposición para sumar nuestro aporte a este espacio. Este comité podría apoyar en la evaluación de la situación día a día y mejorar los procesos de prevención y acciones destinadas al control de SARS-Cov2.
También puede aportar a desarrollar estrategias conjuntas para disminuir el impacto que necesariamente se produce por la implementación de las medidas destinadas al control de la propagación de COVID-19.
Remitimos esta sugerencia al Instituto Nacional de Rehabilitación, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud Pública para su consideración.
